Mezquita de Córdoba, al Cesar lo que es del Cesar

Cada vez que algún ciudadano o colectivo de este país reclama algo que cree de derecho, y ese algo tiene alguna relación con la Iglesia como institución, salen a relucir de las cavernas informativas, o de los púlpitos eclesiásticos, palabras o expresiones tales como “persecución”, “martirio”, “vuelta al pasado”, “anticristos”, etc.

Involucran la religión, la fe de los creyentes, en debates que están exclusivamente en el plano terrenal; pero ellos insisten en su estrategia porque así acaparan mas portadas y les es mucho más rentable en términos mediáticos. Insistimos en que no es una cuestión de tener o no tener fe, sino de lógica, de legalidad y justicia terrenal.

A tenor de la modificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria (en 1998) impulsada por el gobierno de José María Aznar, que autoriza la inscripción registral a nombre de la Iglesia Católica de bienes de los que careciera de título de dominio, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inmatriculó (inscribió por primera vez) la Mezquita de Córdoba en el Registro de la Propiedad como “Santa Iglesia Catedral de Córdoba”, Esto supone que, si nadie lo remedia, en 2016 se convertirá en propietaria de 23.000 m², exentos de pagar un céntimo de IBI, por tan sólo 30 euros, un módico coste.

Es llamativo que la Iglesia inscriba como suya la Mezquita, una propiedad que está catalogada y protegida con dinero público como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ministerio de Cultura, declarado Monumento Nacional en 1882 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

Debemos de preguntarnos quién paga el costosísimo mantenimiento, o las distintas obras de restauración del monumento, ¿Acaso es la Iglesia Católica o son más bien costeadas en un porcentaje superior al 80% por las arcas del Estado y de la Junta de Andalucía, es decir, por todos los ciudadanos? ¿Para eso no ejerce como propietaria la Iglesia?

Alternativa Republicana cree que la titularidad de todos aquellos Monumentos que sean sufragados por dinero público debe de ser pública. Sin excepciones de ningún tipo. Exigimos a la Administración competente ya sea autonómica o estatal que reconozca la naturaleza pública de la Mezquita.

Por otra parte, solicitamos a la Junta de Andalucía que recurra por su manifiesta inconstitucionalidad la norma franquista que dio la titularidad del templo a la Iglesia Católica, de lo que ya hay precedente; como primer paso para reconocer la titularidad pública de la Mezquita cordobesa.