El dispositivo policial era desproporcionado, formado por 1.500 agentes --aproximadamente un policía por cada manifestante--. Tenían vallada toda la entrada a la carrera de San Jerónimo desde la Plaza de Neptuno, y también las calles aledañas, para impedir cualquier aproximación de los ciudadanos al Congreso.
El tráfico ha sido interrumpido tanto en la Plaza de Neptuno como en el Paseo del Prado en sentido Cibeles-Atocha ante la creciente asistencia.
"La voz del pueblo no es ilegal", "vosotros, fascistas, sois los terroristas", o "el pueblo unido jamás será vencido", son algunas de las consignas que gritaban los manifestantes, en una protesta convocada por la Coordinadora 25-S a la que también se han sumado un buen número de colectivos y movimientos sociales, como 'Stop Desahucios' o afectados por las preferentes de Bankia.
Una joven, con el torso desnudo y un esparadrapo en la boca, ha sido alzada por los participantes en las valles colocadas por la Policía y con los brazos en cruz ha exhibido un letrero que llevaba escrito en su cuerpo: "Mi voz es mi dignidad". Varias personas están subidas a la fuente de Neptuno con carteles en los que se lee simplemente: "No", que es la manera que han elegido para rechazar una Ley de Seguridad Ciudadana que prevé fuertes multas por participar en manifestaciones como la de esta tarde, o, por ejemplo, por actos de ofensa a España.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, había tildado la iniciativa de "ilegal" y había advertido de que la Policía actuaría. Un portavoz de la Coordinadora 25-S, Luis Ocampo, declaró durante la manifestación que Cifuentes "o es una ignorante o miente", puesto que el hecho de que la concentración no haya sido comunciado no la convierte automáticamente en ilegal. En ese sentido, recordó que la Audiencia Nacional archivó una denuncia de la propia Policía contra los promotores de la protesta "Rodea al Congreso" celebrada el 25 de septiembre de 2012.
Al inicio de la manifestación, el propio Luis Ocampo se ha dirigido a los asistentes usando un megáfono y ha criticado que al "pueblo de verdad, crítico, y que tiene corazón y cabeza", se le impida acercarse al Congreso a expresar su descontento. "Es una desvergüenza reprimir un movimiento popular con 1.500 policías, mientras el país está lleno de corruptos y criminales que están todo el día robando", añadió.
Explicó que la protesta es contra el recorte de libertades y el fascismo. Por ello dos grandes pancartas con el lema "No pasarán" se situaron en el centro de la concentración. "La Ley Mordaza no saldrá adelante, la frenaremos", gritó Ocampo, entre los aplausos de los asistentes.
En la manifestación ondearon banderas republicanas, algunas de ellas con las palabras "Alternativa Republicana", y varios asistentes portaron carteles contra Rajoy ("Franco hoy, es Rajoy"). Los cánticos no pararon: "Menos cruficijo, y más trabajo fijo", "Con tanta luz, parece un puticlub" (en referencia al edificio del Congreso y el despliegue policial), "El pueblo unido jamás será vencido", "Mucho miedo y poca vegüenza", "Madrid será la tumba del fascismo", "Protege al ladrón, la Ley de Gallardón", "Blesa a prisión, por corrupto y por ladrón", "Este presidente es un delincuente", "PSOE y PP, la misma mierda es", o "Viva la lucha de la clase obrera".
Los preferentistas, o 'Stop Desahucios' portaban sus propias pancartas. El nombre del dictador Franco estaba presente también en muchos carteles, al relacionarlo con la filosofía de la Ley de Seguridad Ciudadana. "Españoles, Franco ha vuelto", rezaba uno de ellos.
En un comunicado, la Coordinadora 25-S consideraba que, "una vez desmantelados los servicios públicos para ser entregados al capital especulativo", el Gobierno pone en marcha un conjunto de medidas "legislativo-represivas" cuya finalidad es "amordazar a la sociedad e intentar impedir la expresión del rechazo a su política".
Entre los agentes antidisturbios desplegados se incluyen entre doce y quince grupos de Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Málaga y A Coruña, cuatro de la Unidad Central de Intervención y entre ocho y diez de la primera UIP.
Si se aprueba la ley tal y como está escrita en el anteproyecto presentado al Consejo de Ministros, el simple hecho de acudir pacíficamente a esta movilización podría ser multado con hasta 30.000 euros. Si hay desórdenes considerados "muy graves", la multa puede llegar a los 600.000, hasta 30.000 sin son "graves". Si además hay "ultrajes a España" podrán caer otros 30.000 euros de multa, mientras que retirar las vallas que están en los alrededores del Congreso podrá sancionarse con hasta 1.000 euros.
Además, siempre están los delitos de los que acusa la Policía a los detenidos y que son perseguidos por la vía del Código Penal, como atentado contra la autoridad. Sin embargo, muy raramente los jueces resuelven a favor de las acusaciones policiales en estos casos.
Fuente: Público
No hay comentarios:
Publicar un comentario