Son poco más de las ocho y media de la
mañana en la Barriada El Carmen, en Triana, y el termómetro marca nueve
grados. En la calle Manzanares, en una pequeña plazoleta interior
conformada por los bloques de viviendas y presidida por tres
brachichiton de cuyos alcorques brotan enormes jazmines, la gente se
apelotona ante la puerta de la torre 9. En un arriate junto al único
banco de hierro, situado en el centro de la plaza, crece a su antojo un
pequeño laurel del que pende una nota escrita en papel en la que se
puede leer: “al que coja una rama del laurel se le va a caer la mano”.
Una cuadrilla de cuatro operarios se afanan en la pintura de la fachada
del bloque, subidos a un amplio andamio metálico y una grúa.
Una escalera estrecha y
empinada, de escalones desgastados por incontables pasos, conduce hasta
el tercer piso. El ascensor no responde a las llamadas. Desde dentro de
la puerta A, una voz grave invita a entrar a quienes llegan por el
rellano. Al final de un pequeño pasillo que huele a polvo espera sentado
Enrique Gutiérrez. La sala apenas puede albergar a la media docena de
personas que se agolpan en torno al sillón de su improvisado anfitrión.
Delante de él, un montón de
papeles se apilan y entremezclan con fotos en las que su madre, Luisa,
aparece magullada tras una caída reciente. De vez en cuando, dos mujeres
con vestimenta sanitaria cruzan a duras penas la estancia cargadas con
barreños de agua, toallas y otros enseres de aseo. Desde la habitación
contigua llega el runrún de la charla que las dos asistentas de ayuda a
domicilio mantienen con la madre de Enrique. Postrada en una cama a
causa del alzheimer, la anciana de 93 años confunde a dos periodistas
con mozos de carga del muelle del puerto.
En una lucha por mantener la
compostura, Enrique explica el origen de una situación que comenzó en
2006.
Entonces, él y su madre decidieron refinanciar todas sus deudas a
través de Credimosvi, una sociedad propiedad de Javier Ostos Osuna. La
operación consistía en la concesión de 215.000 euros que tendrían que
pagarse en seis meses. En el proceso se incluyó el piso de 60 m2 en el
que viven. Fue construido en los años 60 y los financieros lo tasaron en
casi 400.000 euros.
Tres meses antes de
completarse la operación puente para transferir la deuda a Caixa
Galicia, el gestor de la empresa falleció de cáncer y nadie comunicó la
operación de refinanciación a Ostos, su socio. Estas circunstancias
provocaron que Credimosvi no liquidara con el BBVA una deuda de casi
13.000 euros que la familia ya había pagado. Con el tiempo, los
intereses han incrementado esa cantidad hasta los 24.000 euros. Hoy sigue constando como deuda viva.
Enrique denunció en marzo de 2011 a la sociedad financiera por estafa.
Sin embargo, la demanda no fue registrada en el juzgado hasta el pasado
15 de noviembre, a petición expresa del denunciante a su procuradora de
oficio. Las causas del retraso se desconocen.
La legislación establece que
un proceso civil como el desahucio de Enrique y Luisa debe paralizarse
si la empresa que lo solicita está inmersa en una denuncia penal, como
es el caso de Credimosvi. Pero el hecho de que la demanda por estafa de
Enrique no constara como registrada para la Audiencia Provincial hace
que ya no haya tiempo para detener el lanzamiento. Tanto él como
miembros del 15M de Triana apuntan que la jueza del juzgado de primera
instancia número 25 ha dado orden de no conceder información alguna a
Luisa y su hijo, ya sea por vía telemática o en persona en el juzgado.
Conforme Enrique concluye su
relato de los hechos, los nervios vuelven a apoderarse de su cuerpo.
Vocifera y golpea un par de veces los papeles amontonados en la mesa.
“¿Ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar esto?”. Varios
miembros de la PAH que lo acompañan lo animan a desahogarse y lo
tranquilizan. “Nosotros estamos aquí contigo para ayudarte”. En el
horizonte se perfila ya la posibilidad de marcharse a un piso de
alquiler en la cercana calle López de Gomara. El precio mensual es de
500 euros, a lo que se suman otros 1.000 de entrada. Luisa cobra una
pensión de 600 euros. Su hijo, de 51 años, está en paro y acabando de
cobrar la ayuda de 421 euros.
El reloj marca ya las diez de
la mañana. La noticia de que el desahucio no se producirá esta mañana va
cobrando fuerza. Enrique afirma que su abogado de oficio lo ha sabido
por boca del letrado de la parte contraria. En la calle, las personas
concentradas para apoyar a la familia aguardan la noticia sin creerla
del todo. Un patrullero de la Policía Nacional hace su irrupción en la
plaza media hora más tarde. Los agentes aseguran que el desalojo no se
hará efectivo. Una activista responde escéptica que “no hay más verdad
que la escrita”. A los pocos minutos llega un coche más. Dos policías
suben a la vivienda acompañados de un miembro de la PAH.
La espera es tensa. Se especula con una estrategia de distracción para
que la concentración se disuelva y poder actuar. En un momento
determinado, una activista grita desde la ventana de las escaleras del
bloque. “¡El desahucio se ha parado!”. Las palmas y los vítores de “sí
se puede” inundan la plaza. Enrique se asoma a la calle. “¡Muchas
gracias a todos por vuestro apoyo!”. La jueza ha aplazado el lanzamiento
30 días, hasta el 20 de diciembre. El hijo de Luisa asegura que la
magistrada no tendrá en cuenta ningún tipo de circunstancia, ni siquiera
la enfermedad de su madre o las cercanas fechas de Navidad. Mientras el
júbilo resuena en la calle, Enrique decide mantener empaquetados todos
sus enseres en las cajas que ya estaban amontonadas en un cuarto
polvoriento, a la espera de lo que suceda ese día.
J. Rodríguez / G. Verdugo
Fuente: sevillareport.com
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