Conclusiones preliminares del Relator de la ONU

Va para dos años ya, cuando en febrero de 2012, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. 

 

Entonces, Calville, portavoz de Navi Pillay, durante una rueda de prensa en Ginebra afirmó que "España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos".

Recordando que, conforme a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos".

Esta pasada semana hemos tenido al visita de Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el cual publicaba ayer, antes de su partida a Nueva York, sus conclusiones preliminares, afirmando que España debe dejar sin efecto la ley de amnistía, que en la práctica, "cumple las funciones de una ley de punto final en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces".

Al contrario de lo ocurrido en otros países con una ley de amnistía similar, en otros países la justicia ha sorteado a la misma a fin de sentar en el banquillo a los culpables. Aquí, sin embargo, se invoca constantemente para impedir el acceso de las víctimas de la justicia.

El Sr. De Greiff ha insistido en que España debe de hacer una “política de Estado” en cuanto a la reparación a las víctimas del franquismo, recordando que el actual mapa de fosas que recoge 2.400 enterramientos clandestinos que "contendrían los restos de 45.000 personas", “no hubiera sido posible sin los esfuerzos de historiadores y asociaciones memorialistas". Criticando el hecho de que sean familiares los responsables de dichas localizaciones y apertura de fosas de la Guerra Civil y afirmando que "el modelo de privatización de las exhumaciones facilita la indiferencia de las instituciones del Estado".

Esta indiferencia viene de lejos, es fruto de nuestra “modélica” transición política, la misma que prohibió la comparecencia a los primeros comicios a los partidos republicanos con el beneplácito de todos aquellos que hoy tienen grupo parlamentario.

El problema comienza cuando hay diferencia hasta en los muertos, porque, mientras que unos son ensalzados y elevados a los altares (allá cada cual con sus ideas), se conocen sus sepulturas y las autoridades civiles asisten a esos actos de una manera activa.

Otros siguen desaparecido 78 años después; esas mismas autoridades tan gustosas del oropel y la parafernalia litúrgica, niegan cualquier tipo ayuda para la recuperación de sus restos, amén de usar el torticero argumento de “reabrir viejas heridas” para evitar su recuperación y un enterramiento digno.

Esos, los olvidados, no solo los que siguen estando en cunetas, campos y fosas comunes, también los que fueron gaseados en campos nazis, o murieron en los campos europeos defendiendo la democracia, siguen en el olvido oficial, 

 

Hay diferencias, no dejemos que nos engañen, desde el mismo momento que los asesinados por defender la legalidad frente a unos perjuros, yacen en cunetas, fosas comunes, campos, etc., siguen en el olvido oficial, mientras aquellos que ordenaron sus ejecuciones sumarias, sin juicio, sin garantía alguna, sus asesinos, están enterrados en basílicas a los pies de sus veneradas imágenes.

Cada cual puede honrar a sus muertos, pero, por favor, no se ofendan cuando los demás pidamos poder honrar a los nuestros, “pues no tenemos otra intención que cumplir con un deber de justicia y gratitud (Monseñor Asenjo)”,  tal vez no sean santos, pero fueron leales a sus ideas, fueron ciudadanos honrados, al contrario de sus asesinos.

Desde Alternativa Republicana seguiremos exigiendo la derogación de la Ley de Amnistía para los crímenes del franquismos; al mismo tiempo, exigimos una Comisión de la Verdad, la eliminación de todos los símbolos franquistas de la vida pública y la privada si esta hace apología de las dictaduras franquista, fascistas y/o nazi.

Porque no es un capricho, sólo es dignidad.

Viva la República