La transparencia aparecía en
el programa electoral de Juan Ignacio Zoido en letras capitulares. El
alcalde llegó a afirmar que iba a gobernar la ciudad “con luz y
taquígrafos”. Dos años después de su toma de posesión, la opacidad
continúa instalada en la Plaza Nueva.
El regidor incluyó un jugoso párrafo sobre su idea de transparencia para esta legislatura:
(…) Vamos a incorporar medidas que garanticen: abrir los órganos de decisión municipales a una mayor participación política, facilitando el debate y el contraste de ideas, el control del gobierno por la oposición y el acceso a la información de todos los capitulares, así como, la apertura de la información al ciudadano y realización de verdaderos procesos de participación en la toma de decisiones municipales.
Todos estos compromisos han
quedado manifiestamente incumplidos. Las iniciativas de Zoido para
fiscalizar la gestión del gobierno y las cuentas municipales, como la
creación de la Oficina de Control Presupuestario, son inexistentes. El
primer edil garantizó absoluta transparencia en el gasto, pero la
realidad es que los presupuestos municipales son una oda al
oscurantismo.
El programa del primer edil
recoge el compromiso de establecer “una gestión más austera, accesible y
transparente”. No hay datos disponibles sobre distintos organismos del
Ayuntamiento, como la Gerencia de Urbanismo o las empresas y servicios
municipales, en estos dos años de gobierno, más allá de lo estipulado en
los presupuestos, donde no se profundiza en las partidas.
Encontrar un documento en la
web municipal es una odisea. No hay un orden en la disposición de los
contenidos y el buscador no permite clasificar por fecha o cualquier
otro criterio los resultados de la búsqueda. Además, es frecuente que la
página esté caída o que tarde una eternidad en cargarse. Y para colmo,
la mayoría de los archivos están disponibles en formatos cerrados e
inaccesibles.
Lo que sí está bien visible en
el portal municipal es un anuncio del balance personal que Zoido hace
de sus dos años de gobierno, algo que no tiene nada que ver con la
gestión municipal o la información de servicio público sino con la
propaganda partidista y el autobombo. Ésta es la idea de transparencia
del alcalde de Sevilla.
Tampoco hay posibilidad de que
un ciudadano o periodista pida cuentas a jefes de servicios, gerentes o
cualquier otro funcionario municipal, pagados con dinero de los
contribuyentes y cuya razón de ser es el servicio público. Toda consulta
queda derivada al gabinete de comunicación de Laredo, donde la
respuesta sistemática es negar la mayor ante cualquier información que
perjudique a la corporación. Los asesores del alcalde incluso han
llegado a responder ante solicitudes de información por parte de
periodistas y ciudadanos que ésa es labor de la prensa. Prácticas que
traen muy malos recuerdos.
En mayo de 2012, el delegado
de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Beltrán Pérez,
anunció que antes del final del año pasado habría una plataforma web de
e-Democracia. La iniciativa no sólo no se ha llevado a cabo —aún está en
pruebas—, sino que la mayor apuesta hasta el momento del gobierno
municipal por un portal de participación ciudadana es la de pagar 230.000 euros a ABC para poner en marcha Sevilla Ciudad.
Aunque Zoido incluyó en su
programa la implantación de procedimientos de consulta y participación
on-line para conocer la opinión de los vecinos en asuntos generales,
esta web, que está más integrada en el diario que en el Ayuntamiento, no
permite comentarios en las entradas publicadas por los delegados de
distrito, de modo que la comunicación es unidireccional y la
participación queda anulada. Curro Pérez declaró el pasado mes de diciembre
que ésta no es la verdadera página de e-Democracia que prepara el
Consistorio, sino que está en proyecto tras adjudicarse por 50.000 euros
a Soltel.
El portal del Ayuntamiento no
cuenta con demasiada información que permita a los ciudadanos fiscalizar
la gestión municipal. Aparte de las declaraciones de bienes y actividades, la zona temática de Transparencia
no deja en muy buen lugar al gobierno de Zoido. Sólo cuenta con cuatro
enlaces: contratación, convenios de colaboración de 2012 y 2013 y el
presupuesto del área de Participación y Coordinación de Distritos.
También es prácticamente
imposible encontrar datos sobre la ciudad, ni siquiera algunos tan
básicos como el número de parados o el de viviendas construidas o
vacías, a pesar de que Emvisesa es una empresa pública. La sección de
estadísticas del portal municipal apenas cuenta con unos pocos enlaces a
datos genéricos, entre los que se encuentran anuarios sobre la ciudad
que dejaron de actualizarse en 2008.
La labor de documentación
estadística que antes realizaba Sevilla Global ha pasado a la historia a
causa del desmantelamiento de esta entidad municipal, llevado a cabo el
año pasado mediante un ERE declarado nulo por el TSJA. Algunas empresas
municipales tampoco han actualizado sus memorias anuales en estos dos
años. La última que Lipasam y Emasesa tienen colgada en sus respectivas
web es de 2011. Emvisesa se quedó en 2010. Tussam es la única que sigue
al día.
Mención aparte merece la
política de Zoido respecto a los casos de enchufismo y corrupción en el
Ayuntamiento. El alcalde aseguró que acabaría con ellos pero no tardó ni
un año en conocerse el primero en esta corporación: al menos veinte personas, según el PSOE, contratadas en los talleres
de los distritos Norte, San Pablo-Santa Justa, Nervión, Triana y Sur.
José Luis García, uno de los enchufados, continúa como delegado de este
último distrito.
La descentralización de los
distritos deja aún que desear. El regidor se comprometió a que las
Juntas Municipales de Distrito tuvieran capacidad de toma de decisiones.
Sin embargo, las propuestas que se hacen en los plenos de los barrios
no son vinculantes, y para que sean aprobadas deben pasar el filtro de
la Junta del Distrito, primero, y el del pleno ordinario del
Ayuntamiento, más tarde.
La apuesta del gobierno de
Zoido por la participación ciudadana se redondea con la supresión de los
presupuestos participativos de Sevilla, con excusas como “demoras
injustificables, altos costes de organización, presencia obligatoria de
los vecinos en asambleas y situaciones injustas que enfrentan a unos
barrios a otros”.
El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos
elaborado por Transparency International en 2012 alerta sobre este
ahondamiento en la opacidad. El Consistorio hispalense ocupa el puesto
número 80 con una nota de 56,3 sobre 100, bastante por debajo de la
media (70,9) y del 82,5 que lo situó en el 38 en 2010. Especialmente
significativas son las puntuaciones en transparencia
económico-financiera —78,9 en 2010 y 21,4 el año pasado— y en
indicadores basados en la nueva Ley de Transparencia —33,3—.
El borrador de Ley de
Transparencia que prepara la Junta de Andalucía pretende cambiar todo
este panorama de manera radical. Cabe preguntarse si la estrategia del
gobierno de Zoido cambiará una vez que la aprobación de la norma se
produzca.
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