Buena parte de la ciudadanía cree que los partidos y los sindicatos
están cada día más alejados de la calle. Una opinión que crece como la
espuma, espoleada por una derecha decidida a desprestigiar la Política
(con mayúscula) y acabar con el sindicalismo de clase a cualquier precio
y con cualquier arma. Incluido el martillo.
Lo ha señalado gráficamente el vicepresidente de la Junta de
Andalucía, Diego Valderas: “Si el PP pudiera cargarse a martillazos a CC
OO y UGT, lo haría”.
No es una exageración. Revisen la prensa. Dos destacados barones del
PP, los presidentes Fabra y González (Valencia y Madrid), culpan a los
sindicatos de la ruinosa situación de sus televisiones autonómicas. La
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, responsabiliza a los sindicatos por la
huelga de la basura: los trabajadores no aceptan el despido de una
cuarta parte de la plantilla y una reducción salarial de hasta un 43%.
Son coces contra el sentido común. Los dirigentes del PP cargan sobre
los sindicatos, pero eluden su propia responsabilidad y la de los
empresarios que se quedan con los servicios públicos que privatizan.
Unos empresarios bajo sospecha. Desde el encarcelado expresidente de
la CEOE, Díaz Ferrán, al vicepresidente de la patronal, Arturo
Fernández, que pagaba a sus empleados en dinero negro y ha tenido que
ajustar cuentas con Hacienda, a toda prisa, para evitar males mayores.
No se observa, ni por asomo, una crítica generalizada, ni del PP ni
de sus plumillas, contra los políticos ególatras (Zaplana, Camps,
Aguirre, González), que utilizaron la televisión pública como si fuera
su particular botafumeiro, o contra los empresarios y banqueros que
vaciaron las arcas de las entidades que regentaban.
El punto de mira está en otro lugar. Exactamente, en socavar lo
público (la sanidad, la educación) para potenciar lo privado y en
reducir derechos. Empezando por los derechos laborales. La reforma
laboral de Rajoy ha dejado a los trabajadores desarmados ante los
patronos. La figura de la negociación colectiva, surgida hace siglo y
medio en Gran Bretaña (el collective bargaining, de 1868), ha quedado
desmantelada en España. ¡Hasta el franquismo creó en 1958 una ley de
convenios colectivos!
El único momento en el que el trabajador podía hablar de tú a tú con
el empresario ha saltado por los aires. El momento en el que se podían
pactar horarios y salarios dignos. La coz dada por Rajoy a los
sindicatos dejará una profunda huella en el futuro de las relaciones
laborales.
En medio de esta campaña contra el sindicalismo de clase, la juez
Mercedes Alaya ha imputado a varios dirigentes de UGT y de CC OO de
Andalucía. Les acusa de financiar ilegalmente sus organizaciones, a
través de comisiones de los ERE. También, en el caso de UGT, de
manipular facturas.
El sindicato socialista ha reconocido la existencia de
irregularidades. Pero su reacción ha sido tardía y torpe. No vale la
excusa de que han sido trabajadores despedidos por la propia UGT quienes
han robado y filtrado a la prensa las facturas adulteradas. Lo que
importa es si son o no ciertas y qué nivel alcanza el (presunto) fraude.
Muchos estamos en contra de la ofensiva generalizada contra los
sindicatos. Pero también estamos a favor de que, en los casos concretos
de mal uso del dinero público, se asuman las responsabilidades precisas,
políticas y judiciales. El mejor servicio que se puede hacer al
sindicalismo es limpiar la basura propia, no esconderla debajo de la
alfombra.
Fuente: El País
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